La ley estadounidense criminaliza a inmigrantes, refugiados, y solicitantes de asilo por una serie de leyes injustas y sanciónes cada ves maz duras impuestas no solo en aquellos entrando a los Estados Unidos con la esperanza de una mejor vida, pero en los miembros de la comunidad sin ciudadania que tambien han sufrido maltrato y discriminación racial dentro del sistema legal criminal. El castigo por estos crímenes incluye encarcelación y deportación, ambos destruyen comunidades y separan familias. Los abusos de la administración de Trump expusieron injusticias serias que por mucho tiempo han sido parte de los sistemas legales estadounidenses migrantes y criminales. 

NIJC ha representado a gente atrapada en estas trampas legales por muchos años, y están entregados a decriminalizar la inmigración por trabajar en conjunto con defensores de derechos inmigrantes y civiles y comunidades directamente impactadas para acabar con prosecuciones por entrar y re-entrar a los Estados Unidos, y asegurarse que cada miembro de la comunidad tiene acceso al debido proceso y justicia igual. 

La ley federal migratoria de los Estados Unidos criminaliza a inmigrantes en muchas maneras, incluyendo: 

• Leyes migratorias promulgadas en 1996 crean un doble castigo para inmigrantes con antecedentes penales
• Secciones 1325 y 1326 del Código de los Estados Unidos lo hacen un crimen federal entrar o re-entrar a los Estados Unidos sin autorización

Acabar con el Doble-Castigo Injusto: 

Sin dar importancia a su estatus, los inmigrantes son frecuentemente injustamente castigados dos veces en sus interacciones con el sistema legal criminal. Un mosaico creciente de leyes imponen castigos severos en inmigrantes que han estado involucrados en el sistema legal criminal, incluyendo la posibilidad de detención sin la oportunidad de solicitar fianza y deportación a países peligrosos o desconocidos. En combinación con prácticas policiales discriminatorias y racistas que se dirigen a comunidades de color, estas leyes ponen comunidades inmigrantes en riesgo constante de detención, deportación, y separación familiar. 

Por ejemplo, Fernando, un cliente de NIJC, fue declarado culpable de cargos de posesión de drogas, y sirvió 3 meses de tiempo en la cárcel. En lugar de permitirlo de reunirse con su familia después de su encarcelación, oficiales de ICE esperaron a que Fernando fuera liberado, e inmediatamente lo metieron a procedimientos de deportación. No fue hasta otro año de separación, cuatro veces el tiempo que fue encarcelado, para que Fernando fuera soltado de la detención y reunido con su familia. 

Leyes de inmigración que criminalizan la migración y injustamente castigan a aquellos que han interactuado con el sistema legal criminal separan a familias y destrozan comunidades en cada paso del proceso migratorio. Muchas de las separaciones familiares que aún ocurren en la frontera son niños separados de sus padres acusados de actividad criminal, sin ningún o poco requerimiento que el gobierno siquiera provea justificaciones para las separaciones. Más lejos de la frontera, las leyes que incentivan castigos más duros para no-ciudadanos, incluyendo la deportación, regularmente separan a las familias por mandar a madres y padres al exilio permanente. 

Decriminalizar la Migración:

Secciones 1325 y 1326 del Título 8 del Código E.E.U.U. lo hacen un crimen federal entrar o re-entrar a los Estados Unidos después de una deportación o orden de deportación sin autorización propia. Estas leyes son dañinas, caras, y discriminatorias en su origen y aplicación. Las leyes vienen de un periodo oscuro de historia xenofóbica cuando legisladores, influidos por eugenistas, buscaron criminalizar el acto de migración en la década de 1920. La administración de Trump ha convertido estas leyes en un arma para demonizar a los inmigrantes y separar a familias y comunidades. 

Los delitos migratorios son los crimenes federales más enjuiciados en el país. Estas acusaciónes son conducidas en audiencias en grupo que son una burla al proceso debido. El Departamento de Justicia ha presumido que ha proseguido a más personas por delitos migratorios en el Año Fiscal 2019 que en los últimos 25 años: 25,426 con el delito grave de re-entrada ilegal; y 80,866 con el delito menor de entrada incorrecta al país. 

La Rama Ejecutiva tiene autoridad amplia de decidir como leyes de inmigración federales y códigos criminales son aplicados. En el Año Fiscal 2018, el Departamento de Justicia acusó a 85% más inmigrantes con entrada ilegal que el año previo, y acusaciones del delito grave de re-entrada subieron más de 38%. Siempre y cuando estas leyes sigan vigentes, leyes que criminalizan la migración alimentarán la encarcelación injusta de inmigrantes y dejarán a niños permanentemente marcados por el trauma de la separación. 

El gobierno gasta recursos enormes en acusaciones federales criminales y la encarcelación de inmigrantes. Los Mariscales Estadounidenses han reportado al Congreso que costos significativos están asociados con implementación de cero-tolerancia de acusaciones relacionados a la migración, con operaciones de la corte más y más costosos e inmigrantes atrapados por períodos más y más largos en custodia de los Mariscales Federales. Los costos de solo la encarcelación para acusos de entrada y re-entrada ilegal le han costado más de $7 billones a los contribuyentes en la última década. La mayoria de esos fondos fueron hacia compañías privadas de prisiones. 

Acusaciónes de migración tambien son usadas para convertir a miembros de la comunidad de larga duración a felónes por simplemente violar leyes migratorias. Un cliente de NIJC, James, vino a los Estados Unidos como un niño con sus padres, y vivió aquí por 20 años. Después de una parada de tráfico, fue entregado a ICE, quien lo obligó a firmar una deportación voluntaria a México, donde fue víctima de la violencia de los carteles. Cuando James intentó volver a la seguridad y la vida que había conocido en los Estados Unidos, fue acusado con entrada ilegal bajo 8 U.S.C. § 1325.